La Economía nacional depende en un 60% de la biodiversidad, en las áreas de producción agrícola, pecuaria y forestal, así como en el plano industrial, pues asegura una fuente significativa de productos para el autoabastecimiento de las poblaciones locales y de importancia económica en general[1].

El Perú es un importante centro de germoplasma de especies comercialmente útiles. El número de especies con aplicación industrial, actual o potencial es alto, aproximadamente 2,642; de ellas 682 especies son fuentes de alimentación, 1,044 especies son medicinales, 444 especies son recursos madereros, 86 especies forrajeras, 55 especies se usan en la obtención de abonos, 60 especies se usan para aceites y grasas, 46 especies para aromas y perfumes, 75 especies para productos de cosmetología, 22 especies en productos curtientes y 128 especies en tintes y colorantes.

Sin embargo este enorme potencial se ve amenazado por la dación del DS Nº 003-2011-AG, norma que crea los procedimientos administrativos para que los interesados en realizar actividades con organismos transgénicos puedan obtener los permisos correspondientes, es decir abre las puertas de nuestro país a los llamados Organismos Genéticamente Modificados –OGM.

 Experiencias en el Mundo:

 Estados Unidos:  En los Estados Unidos entre 1996 y 2008 se habrían cultivado unos 526 millones de hectáreas de cultivos RH y Bt (hectáreas/rasgo) (Soja, Maíz y Algodón Genéticamente Modificados –GM-, principalmente)[2].

La adopción muy extendida de algodón, maíz y soja RoundupReady (RR) resistente al glifosato (RG) ha aumentado enormemente la utilización de productos con este componente herbicida. La excesiva dependencia de glifosato ha generado una creciente plaga de malezas resistentes a este compuesto herbicida, al igual que un empleo excesivo de antibióticos puede provocar la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos.

Igualmente, un importante estudio de la Universidad de Wisconsin, que investigó 3,846 campos de soja en ocho estados de EEUU, estableció que la soja transgénica de Monsanto produce rendimientos menores que la convencional, en un 4% en promedio.

Argentina: En 1996 y de manera absolutamente solapada y antidemocrática se permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto en campos Argentinos. Sin estudios de impacto ambiental independientes, sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni legislación que la avale. Una simple disposición de la Secretaría de Agricultura creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que a partir de allí y con amplia participación de las corporaciones “asesoró” a la secretaría sobre la aprobación de OGM[3].

En Argentina se sembraron el 2010, 18 millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica de siembra directa. Esta superficie representa más del 50% de la superficie agrícola del país. Prácticamente 100% de la soja que se cultivará es soja transgénica resistente al herbicida glifosato (SOJA RR). Este año se aplicarán más de 200 millones de litros de glifosato sobre toda la superficie cultivada con soja en Argentina mientras en el año 1996 se utilizaban 13 millones 900 mil litros.

Por supuesto que este uso intensivo de glifosato ya ha provocado el surgimiento de muchísimas malezas resistentes al glifosato. Luego de pasar más de una década negando el surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a través de su vicepresidente admitió este hecho y propuso una solución “ingeniosa”: reemplazar a toda la soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a un nuevo herbicida: el dicamba —de hecho aún más tóxico que el glifosato.

Mientras que para los productores de maíz, de soja y de algodón en el mundo la expansión de malezas resistentes es una catástrofe anunciada que socava su balance económico, la industria de semillas y de plaguicidas vislumbra nuevas oportunidades de mercado y de ganancias tras la aparición de malas hierbas resistentes. Gran parte de las inversiones de la industria en I+D se están destinando al desarrollo de nuevos cultivos que resistirán dosis más altas de glifosato, o que tolerarán aplicaciones adicionales de herbicidas, o ambas cosas. En resumen, la respuesta de la industria es más de lo mismo.

Por lo expuesto planteamos:

  • Derogar el DS–003–2011–AG, que atenta contra nuestra biodiversidad al permitir el ingreso de los también llamados Organismos Vivos Modificados – OVM, al territorio Nacional y así proteger la inversión de más de 36,000 productores orgánicos que cultivan 300,000 mil hectáreas a nivel nacional de productos naturales y cuyo valor de ventas a anuales es alrededor de 240 millones de dólares[4].
  • Emitir una Ordenanza Regional considerando a nuestra Región Libre de Transgénicos como ya lo han hecho las Regiones de Lambayeque (Ordenanza Regional 001-2011-GR.LAMB-CR), Cusco (Ordenanza Regional 010-2007-GRC/CRC) y Huánuco (Ordenanza Regional 097-2010), entre otras.
  • Incrementar el presupuesto nacional en Investigación y Desarrollo (I+D), para desarrollar una Industria Biotecnológica que permita el uso farmacológico de la biodiversidad vegetal de 1,516 especies vegetales nativas de uso etnofarmacológico utilizadas actualmente por la población nativa del noroeste de la región amazónica y ponerlas al servicio principalmente de los diez millones de peruanos pobres que no tienen acceso a cobertura de salud en nuestro país.
  • Invertir en la expansión de cultivos orgánicos que como la FAO ha explicado las ventajas de la agricultura orgánica es que ayuda a proteger el ambiente y evita futuros gastos para mitigar la contaminación. En lo económico, el comercio orgánico está creciendo a un ritmo de entre 15% a 20% anual, y ya hay más de 100 países exportando sus productos orgánicos a los más diversos mercados[5].

[1] Informe Nacional Sobre el Estado del Ambiente 2002-2004, págs. 150 – 151.

[3] http://www.arbore.org/contido/soja-transgenica-en-argentina-desastre-social-y-economico

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